Periodistas pagados para tapar noticias de Coquimbo (7)
El Editorial del Diario El Día de La serena, www.diarioeldia.cl del 18/127205, escribió:
Deber ineludible
La corrupción es una constante preocupación en todas partes porque constituye un mal que socava los firmes pilares de una sociedad y pone en riesgo la democracia, lo que adquiere mayor gravedad cuando afecta a organismos del Estado o a los medios de comunicación que tienen un papel mucho más relevante en su condición de servicio a la comunidad.
La Ley 18.575 de probidad administrativa, en su artículo 54, inciso 2°, lo define como el principio que consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
Lo anterior es aplicable a todas las conductas del ser humano y, por lo tanto, requiere ser cautelada la ética y se han establecido instancias para ello.
Por lo mismo se considera relevante la decisión del Colegio de Periodistas de iniciar investigaciones destinadas a esclarecer una posible entrega de emolumentos a algunos profesionales y empresas del sector por parte de una municipalidad. Un hecho que pone en tela de juicio a todos quienes se desempeñan en esta actividad y, lo que es más grave, atenta contra una información libre y para que ésta se sostenga debe haber una prensa sin restricciones. Contra ello se debe luchar, pese a las presiones permanentes del poder, provenga de donde sea.
La ciudadanía requiere de señales claras frente a esta temática y si bien en el caso mencionado no existen denuncias formales, basta la circulación de un rumor para abocarse de inmediato a la búsqueda de la verdad, o llegar lo más cercano a ello, objetivo primario de la profesión, que tiene una responsabilidad social enorme. Una flaqueza puede llevar a proyectar un hecho con efectos dañinos e injustos que lesionen la intimidad, la honra o el derecho de personas o entidades y, lo más lamentable, que se oculte información, recibiendo a cambio un beneficio.
Aclarar, entonces, cualquier duda es una obligación imperiosa, a riesgo de perder la credibilidad porque la libertad de prensa y de expresión se sustenta en una sólida base que es el apoyo de la ciudadanía, de los lectores, radioescuchas y televidentes.
La corrupción es una constante preocupación en todas partes porque constituye un mal que socava los firmes pilares de una sociedad y pone en riesgo la democracia, lo que adquiere mayor gravedad cuando afecta a organismos del Estado o a los medios de comunicación que tienen un papel mucho más relevante en su condición de servicio a la comunidad.
La Ley 18.575 de probidad administrativa, en su artículo 54, inciso 2°, lo define como el principio que consiste en observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
Lo anterior es aplicable a todas las conductas del ser humano y, por lo tanto, requiere ser cautelada la ética y se han establecido instancias para ello.
Por lo mismo se considera relevante la decisión del Colegio de Periodistas de iniciar investigaciones destinadas a esclarecer una posible entrega de emolumentos a algunos profesionales y empresas del sector por parte de una municipalidad. Un hecho que pone en tela de juicio a todos quienes se desempeñan en esta actividad y, lo que es más grave, atenta contra una información libre y para que ésta se sostenga debe haber una prensa sin restricciones. Contra ello se debe luchar, pese a las presiones permanentes del poder, provenga de donde sea.
La ciudadanía requiere de señales claras frente a esta temática y si bien en el caso mencionado no existen denuncias formales, basta la circulación de un rumor para abocarse de inmediato a la búsqueda de la verdad, o llegar lo más cercano a ello, objetivo primario de la profesión, que tiene una responsabilidad social enorme. Una flaqueza puede llevar a proyectar un hecho con efectos dañinos e injustos que lesionen la intimidad, la honra o el derecho de personas o entidades y, lo más lamentable, que se oculte información, recibiendo a cambio un beneficio.
Aclarar, entonces, cualquier duda es una obligación imperiosa, a riesgo de perder la credibilidad porque la libertad de prensa y de expresión se sustenta en una sólida base que es el apoyo de la ciudadanía, de los lectores, radioescuchas y televidentes.
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