Panel sobre Ley General de Educación...
En ULS dialogan sobre el proyecto de Ley General de Educación
El panel, organizado por el Doctorado en Educación con mención en Mediación Pedagógica, permitió conocer diferentes puntos de vista sobre la iniciativa presentada el 9 de abril por el Ejecutivo.
"La Educación en la Nueva Ley General de Educación: denuncias y anuncios" se tituló el Panel realizado recientemente en la Universidad de La Serena, organizado por el Doctorado en Educación con mención en Mediación Pedagógica de esta casa de estudios, y que contó con la participación de destacados expositores, quienes dialogaron en torno a los alcances del proyecto de ley firmado por la Presidenta Michelle Bachelet, el cual espera ingresar al Parlamento para su aprobación.
Algunos de los temas tratados fueron las potencialidades sinérgicas y las limitaciones entrópicas de este proyecto, que pretende reformar el marco institucional y regulatorio que rige al actual sistema educativo.
El jefe provincial de Educación de Elqui, Patricio Bacho, indicó que la nueva Ley General de Educación (LGE) se basa en la experiencia de cambios educativos iniciados a partir de 1996, a pesar de la vigencia de la LOCE.
En su dimensión instrumental, aclaró, esta LGE organiza, racionaliza y a la vez flexibiliza el sistema; distingue y define los niveles de la educación formal, reconoce y define las modalidades educativas, que no existían para LOCE y también las formaciones; facilita las adecuaciones curriculares y favorece la adaptación del currículo de los niveles principales y masivos (básico y medio), a las características y necesidades de poblaciones especiales.
Añadió, que la iniciativa "más que regular situaciones normativas, pretende abarcar en su conjunto la problemática educacional, y desde ese punto de vista creemos que potencialmente está desenvolviendo fuerzas que están al interior del sistema escolar. Por otra parte también tenemos el reconocimiento explícito de que existe una educación informal".
Una visión diferente planteó durante este diálogo el rector del Colegio Andrés Bello Pampa, Rafael Patiño, quien expresó que el proyecto del ejecutivo, lejos de aunar criterios y de ser sinérgico queda entrampado en dos propuestas, el lucro y la selección del alumnado, dejando en segundo plano a otras de gran importancia.
En este sentido, Patiño fue enfático al señalar que la educación es una obligación del Estado. Sin embargo, agregó, "ante la constatación de la incapacidad de éste para resolver por sí sólo el enorme problema educacional, se permitió la existencia de una educación particular encargada a sostenedores privados que han sido elementos decisivos en el aumento de la escolaridad y del capital educacional del país".
Precisó que la cooperación público-privada que por años ha entregado el servicio educacional a la población no es una invención de la LOCE, "la cual adolece de muchas deficiencias que pueden ser mejoradas".
Además, aclaró que la obligación de tener sostenedores constituidos únicamente como fundación o corporación sin fines de lucro crea más problemas en lugar de resolverlos, es una restricción que en nada contribuye a la calidad, en cambio genera instabilidades y aumenta las desconfianzas. "El Estado no ha demostrado estar capacitado, por el momento, para atender la educación chilena, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como el de la organización", sentenció Patiño.
Por su parte, el presidente regional del Colegio de Profesores y director del Colegio Gabriel González Videla, Jorge Munizaga, valoró que el proyecto recoja la exigencia social levantada el año pasado de derogar la LOCE, "consideramos justa la idea de término del lucro con recursos de todos los chilenos".
También enfatizó en que esta nueva ley busca la igualdad de oportunidades para todos los menores y jóvenes chilenos, y también una mejor calidad de vida.
A su vez, el doctorando en Educación, Manuel Vergara, indicó que la mayoría de las personas confía ciegamente en la información que entregan los medios de comunicación, colocando como ejemplo que según las encuestas publicadas en los medios, más del 60% de los encuestados cree u opina que la nueva ley mejorará la calidad de la educación, mientras otro 60% preferiría que no hubiera lucro en la educación.
"Les aseguro que el 95% de estas personas no ha visto ni leído este proyecto de ley ni tampoco la antigua ley", mencionó.
Agregó, que el desafío está en poder centrarnos ´´en la visión de la clase de sociedad que queremos y entender de una vez por todas que no son irreconciliables la libertad y la solidaridad".
Para qué el cambio de ley
Ante la pregunta para qué se cambia la ley, Patricio Bacho sostuvo que el nuevo proyecto consagra principios, procesos y mecanismos actuales y eficaces de política pública para mejorar la educación: evaluación de aprendizajes, de desempeños profesionales y evaluación de establecimientos; estándares de desempeño; discriminación positiva, atención a la diversidad e inclusión, transparencia, registros públicos, información, responsabilidad por los recursos públicos, y rendición de cuentas públicas, entre otros puntos.
En tanto, Rafael Patiño afirmó que el proyecto no resuelve los principales problemas que enfrenta la educación chilena, "que no se encuentran precisamente en la educación subvencionada de financiamiento compartido que se pretende hacer desaparecer".
Asimismo, expresó que es necesario tener menos normas, más simples y eficientes y resolver el problema del financiamiento en los sectores más vulnerables.
El panel, organizado por el Doctorado en Educación con mención en Mediación Pedagógica, permitió conocer diferentes puntos de vista sobre la iniciativa presentada el 9 de abril por el Ejecutivo.
"La Educación en la Nueva Ley General de Educación: denuncias y anuncios" se tituló el Panel realizado recientemente en la Universidad de La Serena, organizado por el Doctorado en Educación con mención en Mediación Pedagógica de esta casa de estudios, y que contó con la participación de destacados expositores, quienes dialogaron en torno a los alcances del proyecto de ley firmado por la Presidenta Michelle Bachelet, el cual espera ingresar al Parlamento para su aprobación.
Algunos de los temas tratados fueron las potencialidades sinérgicas y las limitaciones entrópicas de este proyecto, que pretende reformar el marco institucional y regulatorio que rige al actual sistema educativo.
El jefe provincial de Educación de Elqui, Patricio Bacho, indicó que la nueva Ley General de Educación (LGE) se basa en la experiencia de cambios educativos iniciados a partir de 1996, a pesar de la vigencia de la LOCE.
En su dimensión instrumental, aclaró, esta LGE organiza, racionaliza y a la vez flexibiliza el sistema; distingue y define los niveles de la educación formal, reconoce y define las modalidades educativas, que no existían para LOCE y también las formaciones; facilita las adecuaciones curriculares y favorece la adaptación del currículo de los niveles principales y masivos (básico y medio), a las características y necesidades de poblaciones especiales.
Añadió, que la iniciativa "más que regular situaciones normativas, pretende abarcar en su conjunto la problemática educacional, y desde ese punto de vista creemos que potencialmente está desenvolviendo fuerzas que están al interior del sistema escolar. Por otra parte también tenemos el reconocimiento explícito de que existe una educación informal".
Una visión diferente planteó durante este diálogo el rector del Colegio Andrés Bello Pampa, Rafael Patiño, quien expresó que el proyecto del ejecutivo, lejos de aunar criterios y de ser sinérgico queda entrampado en dos propuestas, el lucro y la selección del alumnado, dejando en segundo plano a otras de gran importancia.
En este sentido, Patiño fue enfático al señalar que la educación es una obligación del Estado. Sin embargo, agregó, "ante la constatación de la incapacidad de éste para resolver por sí sólo el enorme problema educacional, se permitió la existencia de una educación particular encargada a sostenedores privados que han sido elementos decisivos en el aumento de la escolaridad y del capital educacional del país".
Precisó que la cooperación público-privada que por años ha entregado el servicio educacional a la población no es una invención de la LOCE, "la cual adolece de muchas deficiencias que pueden ser mejoradas".
Además, aclaró que la obligación de tener sostenedores constituidos únicamente como fundación o corporación sin fines de lucro crea más problemas en lugar de resolverlos, es una restricción que en nada contribuye a la calidad, en cambio genera instabilidades y aumenta las desconfianzas. "El Estado no ha demostrado estar capacitado, por el momento, para atender la educación chilena, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como el de la organización", sentenció Patiño.
Por su parte, el presidente regional del Colegio de Profesores y director del Colegio Gabriel González Videla, Jorge Munizaga, valoró que el proyecto recoja la exigencia social levantada el año pasado de derogar la LOCE, "consideramos justa la idea de término del lucro con recursos de todos los chilenos".
También enfatizó en que esta nueva ley busca la igualdad de oportunidades para todos los menores y jóvenes chilenos, y también una mejor calidad de vida.
A su vez, el doctorando en Educación, Manuel Vergara, indicó que la mayoría de las personas confía ciegamente en la información que entregan los medios de comunicación, colocando como ejemplo que según las encuestas publicadas en los medios, más del 60% de los encuestados cree u opina que la nueva ley mejorará la calidad de la educación, mientras otro 60% preferiría que no hubiera lucro en la educación.
"Les aseguro que el 95% de estas personas no ha visto ni leído este proyecto de ley ni tampoco la antigua ley", mencionó.
Agregó, que el desafío está en poder centrarnos ´´en la visión de la clase de sociedad que queremos y entender de una vez por todas que no son irreconciliables la libertad y la solidaridad".
Para qué el cambio de ley
Ante la pregunta para qué se cambia la ley, Patricio Bacho sostuvo que el nuevo proyecto consagra principios, procesos y mecanismos actuales y eficaces de política pública para mejorar la educación: evaluación de aprendizajes, de desempeños profesionales y evaluación de establecimientos; estándares de desempeño; discriminación positiva, atención a la diversidad e inclusión, transparencia, registros públicos, información, responsabilidad por los recursos públicos, y rendición de cuentas públicas, entre otros puntos.
En tanto, Rafael Patiño afirmó que el proyecto no resuelve los principales problemas que enfrenta la educación chilena, "que no se encuentran precisamente en la educación subvencionada de financiamiento compartido que se pretende hacer desaparecer".
Asimismo, expresó que es necesario tener menos normas, más simples y eficientes y resolver el problema del financiamiento en los sectores más vulnerables.
posted by Roberto Castro Boniche @ 8:18 a.m.
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