Sin pelambres...
Mientras publica en El Mercurio enormes avisos en los que se ensalza su Responsabilidad Social Empresarial, grupo Luksic cogotea con el agua de regadío a comunidad campesina de Caimanes
Fuente: www.granvalparaiso.cl Por: Hugo Latorre Fuenzalida(20/11/06)
ALGO HUELE MAL EN la administración pública, sobre todo en lo referente a los servicios públicos que deben conceder autorizaciones y definir aranceles que pueden cobrar las empresas privadas.Ya sea en la autorización de inversiones, mineras o de edificación urbana, como en los cobros de las tarifas eléctricas o de aguas o de las Isapres, no es primera vez que un funcionario debe ser removido por errores inexplicables en perjuicio de los usuarios o del medio ambiente.
No sé si las empresas comprometidas han caído en actos irregulares o es que el sistema de normatización, regulación y control chileno es arbitrario, ineficiente y manipulado; o quizá qué otras cosas más da a pensar que puedan ser. Pero es injustificable que se construyan edificios en barrios bien asentados y con larga historia de gestión urbana, como Providencia y Las Condes, sin las autorizaciones respectivas o violando los límites de altura o dimensionalidad. Esto quiere decir que las normas son ambiguas, interpretables, o es que los empresarios son inescrupulosos y soberbios, que miran por encima del hombro a la institucionalidad y a los vecinos, quienes deben recurrir a los tribunales para defenderse de esta tromba arrasante, que es la libre iniciativa privada en tiempos de la dominación mercantil.
Ahora resulta que en la mina Los Pelambres, el grupo Luksic construye un tranque de relave de desechos, con la autorizaciones de todas las instituciones públicas, pero de pronto aparece una comunidad de usuarios de aguas agrícolas, con derechos históricos, reclamando que han sido pasados a llevar por la decisión del inversionista y de la autoridad regulatoria pública. Por lo menos así lo deja ver la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió por unanimidad el reclamo de los usuarios del pueblo de Caimanes, en las cercanías de Illapel.
También en San Felipe surge un conflicto por la construcción de una represa que dejará bajo agua áreas históricas y residenciales, sin definir claramente las precautorias para la reubicación de esas personas, como la de los monumentos arqueológicos que ahí se encuentran.
Se ha denunciado el caso de lagunas altiplánicas, consideradas parques o reservas ecológicas, que han sido secadas por el uso de sus aguas por las mineras del Norte Grande. No podemos olvidar el caso de las represas, de los cisnes y otros tantos crímenes ecológicos que se cometen a diario en nuestro país (Valdivia, Mataquito, Maule, Bío Bío, Chañaral, etc.)
Cuando estos estropicios a la naturaleza se repiten con tanta facilidad y sin consecuencias de reparación efectiva, quiere decir que algo huele mal: o son culpables las empresas, o es culpable el ente regulador, o es culpable el legislador; pero en uno de estos tres está la falla, o en más de uno.
Lo que sí puedo jurar y apostar 100 a 1, es que, en este nuevo conflicto de intereses, gana nuevamente el más fuerte, es decir Luksic y sus inversiones mineras. En Chile siempre el hilo se corta por lo más delgado y, en este episodio, nuevamente la parte más delgada es la ciudadanía.
Por eso las obras no se detienen, ya que una vez avanzada la inversión, los tribunales no se atreven a "generar señales inconvenientes al inversionista", como suele decir la Sofofa y El Mercurio. De igual manera, Cencosud sigue construyendo en la costanera su ciudadela comercial, en dimensiones más allá de lo permitido, y sin autorización. Es que en Chile todos somos iguales, pero hay muchos más iguales que otros.
Así, por esta vía, Chile y América Latina permanecerán empantanados en una institucionalidad feble y decorativa; la democracia será siempre un sueño de montajes teatralizados en un ritual eleccionario, pero sin enjundia, sin fundamentos sólidos, incapaz de encarnar en el alma y la psiquis de las personas y sus élites, lo que es triste y frustrante, pues la historia siempre termina pasando la factura de manera brutal y regresiva. Y de eso recién venimos asomando, como para caer de nuevo en la ciega pertinacia de los que no ven, no quieren oír ni aprender.
Bien dicen que el hombre es el único animal que tropieza reiteradamente y en la misma piedra.
Sin duda alguna el fallo de La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que anula la resolución emitida por la DGA en el marco del Proyecto Integral de Desarrollo de Minera Los Pelambres (MLP), y en particular respecto de la construcción del tranque El Mauro, sienta un precedente fundamental para el caso. Por primera vez a lo largo de éstos 6 arduos años de conflicto socio-ambiental, un actor institucional reconoce de manera explícita la vulneración de un derecho, “se niega la autorización solicitada por la Empresa Minera Los Pelambres S.A. para la construcción del señalado tranque de relaves, por afectar los derechos de aprovechamiento de agua de los reclamantes".
Nadie hasta el momento había velado por este aspecto, desoyendo sistemática y expresamente las legítimas demandas y derechos fundamentales de los habitantes del Valle del Pupío y de la localidad de Caimanes. Ni el Intendente regional de turno, ni la COREMA, ni CONAMA, ni los Gobernadores, ni los alcaldes, y menos aún algún diputado, senador, o actor del gobierno central.
Más allá del escenario judicial que se avecina y de las consecuencias insospechadas para el megaproyecto de MLP, el reciente fallo sienta un precedente singular para este sonado caso, en el reconocimiento –por fin- de algo que a veces parecemos haber olvidado defender: Nuestros derechos.
Son sólo un millar de personas, pobres y casi perdidas al interior de la Región de Coquimbo, en un pueblo llamado Caimanes. Por eso no brillan como víctimas del tranque de relaves para 1.700 millones de toneladas de residuos tóxicos que Minera Los Pelambres les construye cerca.
* Que la ley triunfe sobre el poder del dinero de los Luksic, por: Sara Larraín
En un rotundo fallo de tres votos contra cero, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló el permiso concedido por la Dirección General de Aguas a Minera Los Pelambres, en virtud del cual esta empresa del grupo Luksic pretendía construir un tranque para 1.700 millones de toneladas de desechos mineros, en la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo.
La reacción de la compañía ha sido informarnos que “continúa con la normal ejecución de las obras”. Es decir, este influyente poder económico se afana nuevamente en imponer hechos consumados. Apela a las inversiones ya realizadas y se esmera en introducir contenidos sobre el “desempleo” que generaría la paralización del las obras del tranque. Aun cuando hay precedentes sobre la estrategia del chantaje, es impactante ver cómo la minera desafía las obligaciones dispuestas por la Justicia, que resolvió claramente que “se niega la autorización para la construcción del tranque de relaves, por afectar los derechos de aprovechamiento de agua de los reclamantes”.
La Justicia estableció que no acredita propiedad alguna de derechos de agua, y que pretendió expropiarlos de la totalidad de las aguas del Estero Pupío, inscritos por regantes y vecinos de Caimanes. Acreditar los derechos debió ser anterior a la presentación de su proyecto. Por eso sus alegatos de hechos consumados son inaceptables.
El grupo Luksic buscó sustituir los derechos de agua sobre une fuente permanente, natural y segura a cambio de un suministro proveniente de una obra artificial e insegura que -según consta en el fallo-, no da garantías de continuidad en el suministro ni de que las aguas estén libre de contaminación.
Esto es una señal clara para el gobierno y es una oportunidad para que los servicios públicos procedan de acuerdo al Estado de Derecho. Es de esperar que el imperio de la ley triunfe sobre la influencia del dinero, y que los ciudadanos no se vean obligados a presentar sus quejas antes organismos internacionales para reclamar derechos consagrados en la Constitución.
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