Debate medioambiental...
DEBATE MEDIOAMBIENTAL
Estado de Derecho versus Minera Los Pelambres
La empresa aduce sus inversiones y pretende imponer hechos consumados frente al Estado de Derecho. Los jueces comprobaron no tiene derechos de agua para llevar adelante su tranque.
Fuente: www.lanacion.cl por Sara Larraín. Directora del Programa Chile Sustentable
La empresa aduce sus inversiones y pretende imponer hechos consumados frente al Estado de Derecho. Los jueces comprobaron no tiene derechos de agua para llevar adelante su tranque.
Fuente: www.lanacion.cl por Sara Larraín. Directora del Programa Chile Sustentable
Minera Los Pelambres nos ha hecho saber que “continúa con la normal ejecución de las obras” de su tranque de relaves, al interior de la IV Región de Coquimbo, a pesar del fallo adverso de la Corte de Apelaciones de Santiago, que anuló el permiso ilegalmente otorgado por la Dirección General de Aguas (DGA). Acto seguido, ha pagado insertos en diarios nacionales para publicitar las supuestas buenas prácticas de su tranque. También nos ha informado de su “preocupación” por el desempleo que podría traer consigo la detención de obras, y ha conseguido que el Consejo Minero anuncie la paralización de inversiones mineras si se cumple el dictamen.
Ahora, la empresa aduce sus inversiones realizadas en el proyecto y de esta manera pretende imponer los hechos consumados frente al Estado de Derecho. Nos informa que el tranque para 1.700 millones de toneladas de desechos mineros, irónicamente denominado “Proyecto Integral de Desarrollo”, lleva 58% de avance, pero jamás alude los argumentos de un fallo con más de 100 páginas.
En efecto, los jueces comprobaron que Minera Los Pelambres no tiene derechos de agua para llevar adelante su tranque, y que buscó expropiar de facto los inscritos por agricultores, regantes y vecinos del pueblo de Caimanes, en la comuna de Los Vilos.
Más aún: a sabiendas de que la acreditación de estos derechos constituye un procedimiento anterior a la presentación del proyecto, la empresa siguió adelante y pretendió sustituir los derechos de agua del estero Pupío, una fuente natural, limpia y segura, por un suministro proveniente de una estructura artificial, que, según consta el la resolución, no garantiza continuidad de abastecimiento ni que las aguas estén libres de contaminación por metales pesados.
La gravedad es mayor si atendemos a que el tranque pretende funcionar sobre importantes reservas de napas subterráneas, en una zona de escasísimas precipitaciones.
El fallo expone al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como un procedimiento que avaló una desregulación de lo dispuesto en el Código de Aguas. Por eso es aún más indignante que la DGA se ponga de parte de la empresa, de los que tienen que ser fiscalizados, dé la espalda a la comunidad que reclama por sus derechos de aguas, y diga que seguirá defendiendo este permiso ilegal.
La dimensión de los derechos de aguas es sólo una de las irregularidades cometidas en torno de este proyecto, aprobado velozmente a comienzos de 2004. En carpeta quedó la remoción de centenares de petroglifos de origen incaico, diaguita y molle, de hasta 2 mil años de antigüedad, gracias a la presentación, por parte de la empresa, de un catastro con omisiones, que no fue fiscalizado por el Consejo de Monumentos Nacionales.
Lo repudiable es que este tipo se señales políticas, ajenas a criterios técnicos y legales, dañan la legitimidad de la institucionalidad ambiental.
Las presiones del grupo Luksic y del Consejo Minero contra la justicia son improcedentes en nuestro orden jurídico. Son prueba de que en Chile, a causa del poder del dinero, se vulnera la ley en perjuicio de los que tiene menos influencia económica y política.
posted by Roberto Castro Boniche @ 10:16 a.m.
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