DISUEÑOS... diseñando sueños

1. Exigencia de justicia e igualdad: Es obligación del Estado proveer una educación de igual calidad a todos (niños, niñas y jóvenes), con prescindencia de su origen social, económico y cultural. Esta obligación recae hoy en los municipios. Alrededor del 80% de los más pobres (NSE bajo y medio bajo del SIMCE) asiste a la educación municipal y en 69 comunas rurales, pobres y aisladas hay sólo educación municipal, por tanto, la equidad exige mejorarla y pide superar la actual segmentación de la educación municipal (municipios ricos pueden destinar recursos adicionales y los municipios pobres, cuentan sólo con la subvención).

2. Exigencia de integración: Se trata de una idea que expresó muy bien la Presidenta Bachelet, al instalar el Consejo Asesor Presidencial en 2006. Ella, junto con demandar que la educación pública sea un buen servicio para los más pobres que hoy asisten a ella, señaló que al mejorarla se quiere que “se transforme en una opción valida para tantas familias que sin ser pobres preferirían una educación más integrada socialmente”.

3. Exigencia de regulación. En un sistema educacional, como el chileno, en el cual las familias eligen el establecimiento donde estudian sus hijos, la calidad de la educación pública posee un gran poder regulador. Si ella es buena, su estándar actúa como exigencia de base para todo el sistema; si –como sucede hoy- la educación pública posee condiciones de funcionamiento que le impiden ser una oferta de calidad, el conjunto del sistema se resiente.

4. Exigencia de prestigio. La educación municipal vive una crisis. Viene perdiendo matrícula desde el 2000; se trata de una “marca agotada” que no entrega a los padres la tranquilidad de estar escogiendo una buena educación para sus para sus hijos. Por tanto, debe haber una renovación o refundación profunda de la educación pública.

5. Exigencias de tamaño y masa crítica. La actual educación municipal está repartida 345 administradores para 1,9 millones de alumnos; esto da un promedio de 5.500 alumnos por administrador. Esta dispersión hace imposible financiar equipos técnicos, en lo educacional y en lo administrativo, conformados por profesionales bien preparados, condición ineludible para mejorar la calidad de la educación que se ofrece. Es necesario cambiar la escala y establecer, por ejemplo, entidades administradoras que se hagan cargo de aproximadamente 30.000 a 45.000 alumnos para llegar a no más de 50 administradoras en el país.

6. Exigencias de reestructuración administrativa. No basta cambiar la escala, hay que establecer “nueva entidades administradoras de la educación pública”, que tengan por función única la gestión de establecimientos educacionales y que unifiquen las responsabilidades administrativo-financieras y las técnico-pedagógicas que hoy están divididas entre los municipios y el Ministerio de Educación. Las nuevas administradoras deberán cumplir un rol de supervisión, de apoyo y control para fortalecer las capacidades para avanzar a la autonomía pedagógica de las escuelas y liceos a su cargo.

7. Exigencia de territorialidad. Las entidades administrativas deberían hacerse cargo de administrar los establecimientos públicos de un “territorio”, cuan debe coincidir con las unidades geográfico-administrativas existentes. El territorio máximo debe ser una región (por ejemplo, en el caso de las zonas extremas) y el mínimo un municipio (por ejemplo, Santiago que posee más de 40.000 alumnos). Esta coincidencia entre las unidades territoriales administrativas existentes y las nuevas entidades administradoras facilitaría el control ciudadano de las nuevas administradoras.

8. Exigencia de participación. En las entidades administradoras debería conjugarse el más alto nivel técnico con la participación de la comunidad. Ellas deben estar regidas por un Directorio o Consejo que tenga carácter resolutivo y en el que estén representados, al menos, los municipios (por ejemplo, a través de los alcaldes), la comunidad (representantes de los padres y apoderados, del mundo productivo) y las autoridades políticas (regionales y Mineduc).

9. Exigencia de equilibrar la competencia y el financiamiento. Hoy la educación pública compite con la educación privada en condiciones de gran desequilibrio. Posee más obligaciones y más responsabilidades. Debe hacerse cargo de todos aquellos que son dejados de lado por el interés privado: los más alejados por ruralidad, los marginales, los excluidos de otras escuelas. Poseen obligaciones en relación a la estabilidad y a los salarios docentes que no rigen para los privados. Poseen un territorio acotado. Sin embargo, pese a las mayores obligaciones reciben lo mismo como subvención y no cobran a los apoderados.

10. Exigencia de continuidad. La educación es una empresa de largo plazo, lo que no se condice con los tiempos políticos de los municipios sometidos a elecciones cada cuatro años.