DISUEÑOS... diseñando sueños

El Tribunal Constitucional, y mido muy bien mis palabras, ha instaurado a partir de su incoherencia un verdadero golpe de Estado contra el pluralismo de este país, arropado con una visión restrictiva de la ética, donde sólo se concede valor, en el sentido de valórico, a una sola posición, quitándole todo valor ético a las temáticas y a las políticas asociadas a la salud sexual y reproductiva, así como a las políticas sanitarias respecto de la planificación.

El posicionamiento del Tribunal Constitucional bajo el patrocinio de estos diputados de la Alianza ha sobrepasado un límite, que si es aceptado por la sociedad sin reacción puede tener consecuencias catastróficas en el futuro.

Primero, porque se impone la idea de que sólo existe una ética y, segundo, porque reafirma una actitud que no sólo es de los parlamentarios de la derecha, sino también del establishment político: que dice que en una sociedad como la nuestra, teóricamente democrática, no es posible tener otras posturas que aquellas que son determinadas a través de los medios de comunicación o simplemente a partir de posiciones seudo-fundamentadas en una metafísica que no todos compartimos.

Es inaceptable el fallo del Tribunal Constitucional y la postura de los diputados patrocinantes porque con éste se prolonga, como si el tiempo no hubiera pasado, uno de los estigmas más inadmisibles de la dictadura. Ojo, porque esto es de vital importancia.

Todos aquellos que en un momento fueron capaces de enfrentar a la dictadura y los jóvenes que no la vivieron tienen que darse cuenta que aquí ha renacido la opresión autocrática en torno a una decisión valórica. Ha renacido la política en contra de los sectores populares y el privilegio de los sectores pudientes
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PILDORA CONSTITUCIONAL

Por Camilo Salvo
Ex Diputado

El tema del fallo del Tribunal Constitucional sobre materias que dicen relación con el uso de anticonceptivos ha traspasado los ámbitos judiciales y parlamentarios para centrarse en la discusión ciudadana. Creíamos que el tema de los usos de anticonceptivos en una sociedad laica, libre, democrática, con pleno respeto a los derechos humanos, formaba parte del acervo cultural de toda la Nación, en particular como una medida de protección a la mujer y a las adolescentes de los sectores más modestos de la población.

En una sociedad, como la nuestra, la planificación familiar es un derecho ciudadano que el Gobierno debe garantizar y poner a disposición de los ciudadanos para los efectos de desarrollar una sociedad con paternidad y maternidad responsables y prevenir los riesgos asociados a la práctica del aborto inducido en condiciones inseguras . Los sucesivos gobiernos han cumplido asumiendo la modernidad y el desarrollo de la ciencia, no amparándose en temas valóricos sino en la realidad científica.

Los datos no son menores: un tercio de las mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años usan métodos de planificación familiar (hormonales o dispositivos intrauterinos) esto equivale a 3.358.196 mujeres chilenas; la T de cobre es el dispositivo intrauterino utilizado en Chile por 1.437.307 mujeres. Basta con eso. Con cualquier tipo de sentencia limitativa llevamos el desastre a todo un sistema que aún así es deficiente y abortivo respecto de las mujeres.

Tímidamente se ha emitido un comunicado de prensa que pretende suavizar el tema. Ha dicho el Presidente Subrogante del Tribunal Constitucional que lo que se prohíbe es la distribución de la llamada "píldora del día después" dejando subsistentes los demás medios anticonceptivos. Al hacerlo no solo prohíbe la píldora de emergencia, apunta a proscribir el "levonogestrel" lo que necesariamente lleva a hacer desaparecer de todos los planes de planificación familiar y del mercado la casi totalidad de los anticonceptivos que distribuyen los servicios de salud y casi la mitad de los que se venden en farmacias.

En la misma línea y por curiosa coincidencia el abogado patrocinante dice horrorizado, nunca hemos pretendido afectar los planes de salud y de planificación del Ministerio, es sólo por esta materia menor que nosotros hemos actuado. De ser el fallo como se dice se destruyen más de cuarenta años de políticas públicas.

Esto me recuerda los tiempos de la guerra fría cuando alguien de Estados Unidos dijo que tenía dos veces poder atómico para destruir la Unión Soviética, respondiendo los mencionados que a ellos les bastaba con tener una sola vez el mismo poder para destruir Estados Unidos. A los contrarios a la planificación familiar y de los métodos anticonceptivos les basta con que "se acoja el requerimiento en cuanto se declara inconstitucional el punto que ordena al sistema público de salud aconsejar y distribuir los métodos de "Anticoncepción Hormonal de Emergencia" conocidos genéricamente como "píldora del día después" para destruir lo que cívicamente hemos construido en beneficio del país.

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INJUV:

El director del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), Juan Eduardo Faúndez, calificó de "discriminatoria e inequitativa" la resolución del Tribunal Constitucional (TC) de prohibir la distribución de la píldora del día después en el sistema público de salud.

"Entre el año 2001 y el 2006 la píldora se vendió en las farmacias y no se presentaron requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo en el minuto que la entrega de la píldora se hace de manera gratuita en el sistema público, se alzan las voces para prohibirla, eso nos llama poderosamente la atención", manifestó Faúndez.

Sostuvo que la prohibición del fármaco de emergencia es una política que perjudica a las mujeres jóvenes más pobres del país, que son las que presentan una alta tasa de embarazos no deseados y que son precisamente las que no gozan de poder adquisitivo para comprar en farmacias el medicamento.

"En nuestro país más del 40% de las mujeres de estratos D y E (42,6% y 43,8%, respectivamente) es decir las más pobres, han sido madres entre los 15 y 24 años, mientras que sólo el 14% de las mujeres del ABC1 lo han sido", señaló Faúndez.

"Con esta medida ¿qué opciones tendrán las mujeres de Chaitén, de Los Sauces, Navidad, Graneros, o de esas localidades rurales que no cuentan con farmacias, cuando les falle el método anticonceptivo de uso cotidiano y no deseen embarazarse?", se preguntó Faúndez, agregando que "como Estado no se busca imponer dogmas, pero sí hay un deber de proteger a las personas y poner a su alcance los medicamentos necesarios".

Las cifras de la V Encuesta Nacional de la Juventud, dan cuenta que 62,7% de las y los jóvenes del país entre 15 y 29 años están de acuerdo con la píldora de anticoncepción de emergencia y sólo un 22,1% se muestra en desacuerdo con ella.

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LA DECISION DEL TC: "UNA CATASTROFE EN SALUD PUBLICA"

El fallo en contra de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, del uso del levonorgestrel y de los dispositivos intrauterinos aumentaría los abortos clandestinos a 284 mil anuales, mientras que las muertes maternas por complicaciones de esta medida se quintuplicarían.

Interpelando directamente al abogado patrocinador del grupo de diputados autodenominados "Pro vida", Jorge Reyes, el doctor Ramiro Molina, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, se refirió al inminente fallo del Tribunal Constitucional en materia de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, el uso del levonorgestrel y de los dispositivos intrauterinos.

En conferencia de prensa realizada el 3 de abril de 2008 en la Casa Central de la Universidad de Chile, el doctor Molina dijo a Reyes que "respeto sus conocimientos legales, pero admiro su ignorancia en anticoncepción, porque usted ha dicho que hay muchos métodos anticonceptivos, pero no se confunda: el método es uno solo, lo que hay es una gran variedad de marcas comerciales".

Así, explicó que cuando se está pidiendo que se suspenda el uso y venta del levonorgestrel, se está pidiendo eliminar una molécula progestagénica que la contienen el 100% de los anticonceptivos hormonales orales que entrega el Ministerio de Salud, y el 40% de las píldoras que se compran en farmacias. "Pero a partir de esta molécula, que es la única que tiene estudios serios y que se ha demostrado que no es abortiva, porque funciona en base a inhibir la ovulación, se han sintetizado tres más, como son el Gestodeno, Desogestrel y el Norgestimato, que tienen una potencialidad entre 10 y 15 veces superior a la original. Si sumamos esas tres moléculas y el número de marcas basadas en ellas y sus combinaciones, llegamos al 90% de los anticonceptivos hormonales en el país".

Por lo tanto, se verían afectadas más de 1.800.000 mujeres que, según un estudio hecho acerca de la calidad de vida mediante una encuesta nacional del Ministerio de Salud, utilizan anticonceptivos hormonales orales. Si a ello se agregan las usuarias de Dispositivos Intra Uterinos, DIU, con o sin levonorgestrel, "se afectará a más de 3.300.000 mujeres que usan métodos anticonceptivos porque no quieren embarazarse o desean posponerlo. El número de hijos que se desea tener es un derecho humano reivindicado por las Naciones Unidas: o sea, ¿el Tribunal Constitucional se va a meter en la intimidad y la cama de los chilenos?".

Por lo anterior, el doctor Ramiro Molina explicó que "Estamos frente a una catástrofe en salud pública como no se ha visto antes en ningún país del mundo, que tendrá impactos en muertes, dolor, sufrimiento y gran daño a la familia", porque por cada nacimiento adicional a los actuales morirán más de dos embriones o fetos a causa de abortos clandestinos, y porque se podrían hasta quintuplicar las muertes de mujeres a causa de complicaciones de abortos, según las más conservadoras proyecciones basadas en el estudio "Presentation of pregnancy in high risk women. Community intervention in Chile in abortion in developing countries", de la OMS, 1999, investigación liderada por el doctor Ramiro Molina.

"Habría pérdida de vida de mujeres que son madres, esposas, hijas, gente sana que no son delincuentes. Al aprobar una medida de este orden, se atenta contra todos los derechos básicos y elementales: a elegir el número de hijos, intimidad, a elegir lo que quiero con mi vida y pensamiento. Por lo tanto, para generar vida tienen que generar muerte, eso no tiene ética en ningún pensamiento", sentenció el especialista.

El doctor Giorgio Solimano, director de la Escuela de Salud Pública, se refirió a la repercusión que este fallo tendría sobre las tasas de mortalidad infantil, neonatal, materna y por aborto, echando por tierra los esfuerzos e inversiones sanitarias realizados en materia de salud reproductiva en Chile durante los últimos 45 años. Del gran incremento esperado de abortos, se espera una proporción de un 20% de mujeres que presentarían complicaciones, demandando anualmente 56.000 hospitalizaciones en maternidades; es decir, un 58% más de casos que las reportadas por el Ministerio de Salud, con esta causa, durante el 2004, lo que redundaría en un colapso del sistema hospitalario en todo el país, por la "competitividad que se produciría en el uso de estos recursos, que ya son escasos".

Asimismo, añadió que aumentaría la inequidad en el acceso, puesto que son precisamente las mujeres de los quintiles de menores ingresos socioeconómicos las principales usuarias de los métodos de planificación provistos por el Estado.
Por su parte, la doctora Cecilia Sepúlveda, Decana de la Facultad de Medicina, también hizo mención a la catástrofe sanitaria y hospitalaria a consecuencia de esta medida, aumentando la morbimortalidad materna e infantil. "Somos una institución que defiende la vida por sobre todas las cosas. Por eso nos parecen extremadamente delicados los alcances de este fallo, dados los aumentos de abortos, muertes maternas y hospitalizaciones derivadas de ello. Desde ese punto de vista. volveríamos a aplicar la medicina curativa, y no a la labor preventiva, que es a lo que nos debemos para mejorar la calidad de vida de nuestra población".